‘Informe semanal’ abre su página de actualidad con un reportaje sobre las redes sociales y la desinformación que crece al amparo del coronavirus. También aborda el proyecto de instalación de la mayor macrogranja de vacas en Europa, en un pequeño pueblo de Soria.
El reportaje aborda el “tsunami de desinformación” en torno a la Covid-19, que pone en peligro los tratamientos sanitarios, las operaciones económicas y financieras y la democracia representativa.
Mientras las grandes plataformas online intentan establecer unas normas mínimas, muchos usuarios se han centrado en otras redes menos conocidas y en grupos de mensajería para difundir bulos y desinformación. Las autoridades intentan reducir los contenidos ilícitos en un difícil equilibrio por respetar la libertad de expresión. Pero el contenido ilegal no es el único problema. En el último año han surgido multitud de falsas informaciones sobre el coronavirus, las vacunas o las elecciones de EE.UU., entre muchos temas, y mucha gente se lo ha creído.
Los expertos consultados son contrarios a medidas extremas, como cerrar una cuenta, y defienden fórmulas de contención para protegernos de la mentira. “La desinformación no es sólo un problema que debe atajarse desde el periodismo, sino también desde la educación”, cuenta Myriam Redondo de Verifica RTVE. “Hay que hacer entender a la gente que su sesgo de confirmación le lleva a concentrarse sólo en lo que le da la razón…y sobre todo que tiene que existir un acuerdo en cuanto a los hechos reales”.
El proyecto de instalación de la mayor macrogranja de vacas de Europa y la quinta más grande del mundo en un pueblo de 158 habitantes de la comarca soriana del Moncayo, se ha convertido en un campo de batalla entre dos modelos de desarrollo: el europeo, más familiar y sostenible, y el chino, más competitivo y rentable. ‘Informe Semanal’ ha estado en Noviercas para analizar el desafío de las macrovaquerías en una España vaciada y envejecida.
La macrogranja produciría 200.000 toneladas de leche al año y crearía unos 150 puestos de trabajo directos. El ayuntamiento de Noviercas defiende el proyecto como “la única alternativa” a la despoblación y ya ha modificado la normativa para facilitar su instalación. Todo depende ahora de la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Las organizaciones ecologistas y agrarias que se oponen al proyecto lo definen como una “bomba medioambiental”. Citan problemas como el enorme consumo de agua, el peligro de contaminación de acuíferos por los purines y digestato y la expulsión a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista económico, temen que desaparezcan la mitad de los pequeños negocios familiares y se destruyan más empleos de los que creará.